El gobierno de Michoacán presentó una estrategia para combatir y erradicar la extorsión que afecta a productores agrícolas y a otros sectores productivos. El anuncio fue hecho en Uruapan por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien vinculó la intervención con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada desde el gobierno federal.
Detalles de la estrategia
La primera fase de la intervención se enfocará en las regiones de Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y la zona Oriente. El plan busca prevenir que más personas sean víctimas de extorsión, aumentar la denuncia oportuna y brindar atención y acompañamiento especializado a las víctimas.
Entre las medidas anunciadas se contempla el fortalecimiento de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, la creación de subsedes para facilitar la denuncia ciudadana, módulos de información en comercios y empresas, y acciones focalizadas para proteger el patrimonio de las familias y los sectores productivos.
- Focalización regional en Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y Oriente.
- Fortalecimiento de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil y creación de subsedes.
- Instalación de módulos de información y jornadas de prevención en comercios y espacios públicos.
- Acciones coordinadas con la defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía para identificar y detener a responsables.
Acciones y resultados reportados
El gobernador informó que, en lo que va del año, se han detenido a 48 personas presuntamente vinculadas con el delito de extorsión y que la proyección es llegar a 100 detenciones al cierre de 2026. También señaló que la reforma al Código Penal estatal de 2023 permite perseguir la extorsión de oficio y equiparar sus sanciones con las del secuestro.
Autoridades estatales y federales han reportado detenciones de objetivos relacionados con extorsión y decomisos de máquinas tragamonedas como parte de las acciones operativas en municipios con mayor incidencia.
Contexto y siguientes pasos
La estrategia se inscribe en una coordinación entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— y en la instrucción de la Presidencia de la República para reforzar la atención a delitos que afectan a sectores productivos. Las autoridades anunciaron la implementación de intervenciones focalizadas y la apertura de subsedes de atención para facilitar la denuncia ciudadana.
Las autoridades indicaron que las acciones de prevención y persecución continuarán en las regiones prioritarias y que se ofrecerá acompañamiento a las víctimas para proteger su patrimonio.
